Tráfico ilícito de migrantes: Una mirada desde el ordenamiento jurídico uruguayo e internacional

Federico Fascioli Caorsi

doi:10.24215/2618303Xe036

Auteurs-es

Federico Fascioli Caorsi Defensor Público del Interior, Poder Judicial de la República Oriental del Uruguay https://orcid.org/0000-0003-1897-2353

DOI :

https://doi.org/10.24215/2618303Xe036

Mots-clés :

tráfico ilícito de migrantes , inmigración clandestina, Protocolo contra el tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, Ley N.º 18.250, Ley N.º 19.643

Résumé

El tráfico ilícito de personas es un importante negocio del crimen organizado, que afecta al mundo entero, incluyendo a Uruguay. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha llegado a identificar –a escala global– las treinta principales rutas de contrabando de migrantes, a través de las cuales se llegó a traficar a un mínimo de 2.5 millones de migrantes en 2016, generando entre U$S 5.5 y 7 billones. Esta situación internacional no le es ajena al Uruguay, donde el tráfico ilícito de personas constituye una realidad latente, a pesar de encontrarse bastante invisibilizada. El tráfico ilícito de migrantes ha llevado a una intensa actividad normativa en el ámbito universal, regional y nacional con la finalidad de combatirlo. El objetivo general del presente trabajo consiste en analizar esa misma legislación, a los efectos de determinar qué se entiende por tráfico ilícito de migrantes. En particular, este trabajo procura responder las siguientes interrogantes: a) ¿Cuál es el marco jurídico aplicable al tráfico ílicito de migrantes?; b) ¿Qué definiciones de trafico ilícito de migrantes encontramos en el ordenamiento jurídico uruguayo e internacional?; y, por último, c) ¿Qué elementos integran esas definiciones?

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Biographie de l'auteur-e

Federico Fascioli Caorsi, Defensor Público del Interior, Poder Judicial de la República Oriental del Uruguay

Doctor en Derecho por la Universidad Católica del Uruguay. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República. Master en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Granada. Diplomado en Derechos Humanos –con especialización en Acceso a la Justicia– por la Universidad Católica del Uruguay. Posgraduado en Derecho Penal Económico por la Universidad de Montevideo. Defensor Público del Interior.

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